en ocasión del Día de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Guatemala
Por Rosa Eudelia Macz1
Guatemala, país centroamericano donde convergen diversos pueblos, culturas, luchas e historias, algunas de victoria como la revolución de 1944 y otras de crueldad como la vivida durante el Conflicto Armado Interno2 que duró 36 años y dejó mucho sufrimiento a la población guatemalteca, sobre todo indígena.
En la búsqueda de la verdad, hubo dos proyectos importantes para el país, el primero fue la Recuperación de la Memoria Histórica -REMHI- dirigido por el obispo Juan José Gerardi Conedera, que formó un equipo interdiocesano3 y el segundo La Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH-. Ambos se centraron en esclarecer las graves violaciones a los Derechos Humanos que dejaron más de 200.000 víctimas, incluyendo a 45.000 personas desaparecidas.
De acuerdo a los estudios del REMHI y de la CEH realizados directamente con la población afectada, se pudo documentar que el 83% de las víctimas eran de descendencia maya y el 17% población ladina. Entre las conclusiones de la CEH se indica que entre las causas del enfrentamiento armado se encuentran la injusticia estructural, el racismo, la institucionalidad excluyente y antidemocrática, por lo que toda persona que demandara respeto por los derechos humanos se convirtió en el enemigo interno.
Miles de personas inocentes se convirtieron en el enemigo interno, teniendo que desplazarse a las montañas, a otras comunidades o bien refugiarse en otros países para preservar su vida. Según el ACNUR más de 45.000 mil personas se refugiaron en el sur de México y otros estudios señalan que países como Belice, Estados Unidos y Canadá, también fueron refugio. Las personas que no lograron desplazarse o refugiarse fueron reasentadas por el Ejército Guatemalteco en algunas comunidades, llamadas “aldeas modelo”.
Al transcurrir de unos años, algunos liderazgos empezaron a organizarse para un posible retorno: “demandaban que el gobierno de Guatemala garantizara condiciones de vida y seguridad básicas y que hubiera instituciones internacionales que actuaran como testigos” (Worby, 2002). En ese momento la lucha por la recuperación de la tierra era clave, ya que muchas personas por la represión tuvieron que dejarlas.
Desde el refugio en México, la lucha de las mujeres fue fundamental para el retorno a Guatemala. Según datos que comparte la organización “Mamá Maquín”, en mayo de 1990, un grupo de mujeres se organizó para “conseguir un pedazo de tierra” (Archila, 2015), logrando su reasentamiento en 1993.
Las luchas de las víctimas sobrevivientes no se reducen solo a la recuperación de la tierra, sino a la búsqueda de la verdad y de la justicia, por ello en 1992 surge la Asociación de Familiares y Detenidos en Guatemala -FAMDEGUA- que orienta su trabajo en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, a contribuir al impulso de procesos de exhumación para la dignificación de las víctimas. Otra de las organizaciones que surge en el contexto del conflicto armado interno es la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala -CONAVIGUA- que tiene como propósito la denuncia y la exigibilidad de derechos, principalmente de viudas y huérfanas sobrevivientes del Conflicto Armado Interno.
Estas y otras organizaciones han luchado incansablemente durante décadas por la recuperación de la memoria histórica, por el esclarecimiento de la verdad, por el acceso a la justicia y la no repetición de estos actos crueles, inhumanos y degradantes, por la dignificación de las víctimas de este enfrentamiento. Esta lucha llevó a que en el 2004 el Congreso de la República de Guatemala aprobara la Ley que conmemora el 25 de febrero de cada año, como el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, día significativo por la entrega del informe “Guatemala: memoria del silencio” en 1999.4
La dignidad hecha persona se puede observar en las mujeres mayas q’eqchi’ que han sido protagonistas en los casos presentados ante los tribunales guatemaltecos, como el caso de Sepur Zarco, donde quince mujeres q’eqchi’ sobrevivientes de violaciones y esclavitud sexual lucharon por obtener justicia y los agresores fueron condenados por delitos de lesa humanidad. Esa fue la primera vez que se juzgó un caso de esta naturaleza ocurrido durante el conflicto armado interno.
Detrás de esta lucha por la verdad, justicia y no repetición existen muchas personas y organizaciones de Derechos Humanos que han acompañado a las protagonistas para despojarse del miedo, de la vergüenza y del silencio guardado en sus corazones por muchos años y que, después de varios procesos, han logrado recuperar su vida viéndose como sujetas de derechos y con capacidad de exigirlos.
El camino hacia la justicia ha sido largo y tortuoso. Sin embargo, la valentía de las mujeres sobrevivientes ha alcanzado sentencias condenatorias, como el caso de las mujeres Achí, que lograron enfrentar a los perpetradores y narrar ante un Tribunal todos los vejámenes a los que fueron sometidas durante el Conflicto Armado Interno, demostrando que la violencia sexual fue un arma de guerra utilizada para romper hasta lo más profundo de un ser humano y de su contexto.
Esa rotura del cuerpo, alma y comunalidad, comienza a tejerse a través de las palabras narradas que les ha permitido despojarse del miedo y la vergüenza para dejárselas al Estado y a los perpetradores, para no considerarse más como víctimas sino mujeres resistentes y resilientes en búsqueda de la justicia.
Hoy, Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, recordar a las víctimas es reconocer su historia, su lucha y su resistencia. Es darles el lugar que les fue arrebatado, visibilizar su dolor y honrar su fortaleza. En cada exhumación, en cada testimonio y en cada sentencia se construye un país más justo, donde la memoria es un pilar fundamental para garantizar la no repetición. La dignificación de las víctimas es, en última instancia, una reivindicación de su humanidad y un paso hacia la reconciliación nacional.